La Junta Central Electoral (JCE) está impulsando medidas para garantizar una competencia electoral justa y equitativa. A través de un reglamento que prohíbe la difusión de sondeos electorales antes del inicio oficial de la precampaña política y su apoyo a la reclamación de 24 partidos contra el recorte del 50% a los fondos de las organizaciones políticas, la JCE busca asegurar un terreno de juego nivelado en la contienda electoral.
Los argumentos presentados por la JCE se basan en el principio de equidad electoral, que sustenta la decisión de prohibir la publicación de investigaciones sobre el posicionamiento electoral antes del 7 de julio de 2027, cuando comienza la precampaña, y después de octubre, hasta que se emita la proclama que marca el inicio formal del período electoral para las elecciones de 2028.
"La difusión de encuestas que miden el nivel de simpatías o posicionamiento electoral de actores políticos fuera de los plazos establecidos para la precampaña y la campaña electoral, genera múltiples efectos en la ciudadanía en general, similar a los actos de promoción electoral anticipada, lo que puede traducirse en ventajas para los actores políticos que figuran en dichas encuestas, en detrimento de aquellos que también tienen aspiraciones legítimas pero no figuran en ellas, lo que se constituye en un factor que puede generar desequilibrios y afectar la competencia electoral justa y libre", argumenta el órgano electoral.
La institución añade que tiene el deber y la responsabilidad constitucional y legal de garantizar la equidad y la transparencia en las precampañas, campañas y elecciones, así como el respeto a los plazos que regulan estos períodos electorales. "La JCE tiene la responsabilidad de garantizar que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como la ciudadanía, incluidas las empresas privadas que realizan encuestas y sondeos con fines electorales, sujeten sus actuaciones a lo dispuesto en la ley, particularmente en cuanto a la prohibición de realizar actos de precampaña y campaña fuera de los períodos previstos para ello", establece uno de los argumentos.
La JCE también reconoce el derecho de los actores políticos a contratar empresas para realizar encuestas de trabajo interno en sus respectivas organizaciones políticas, razón por la cual ha adoptado regulaciones pertinentes para garantizar la equidad en la contienda y el respeto a los plazos legales.
Además, la JCE ha expresado su preocupación por el plan del gobierno de recortar los fondos a los partidos políticos en un 50%, lo que afectaría la equidad y la competencia electoral justa. "La propuesta de reducir nuevamente dicha asignación implicaría afectar la planificación, organización financiera, educativa, operativa y logística, así como el cumplimiento de los gastos y operaciones que han contraído con base a la certidumbre de una ley promulgada en 2025 y la resolución 01-2026, del 15 de enero de 2026, de la Junta Central Electoral, ya que el sistema de partidos políticos es un componente esencial e indispensable para la democracia, en tanto representa la columna vertebral del sistema político-electoral", plantea.
La decisión de la JCE ha recibido el apoyo de varias entidades que agrupan partidos políticos, como el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom) y la iniciativa conocida como diálogo opositor, que han emitido documentos de respaldo a la decisión del órgano electoral.
El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, ha cuestionado la decisión de la JCE, argumentando que la medida tiene base legal, pero que es sospechoso que se tome en este momento. "La ley autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del gobierno", cuestionó.
En respuesta, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, ha explicado que la JCE publicó en abril de 2025 un borrador de reglamento para encuestas conforme a la ley 107-13, y que el pasado 5 de julio la JCE celebró una audiencia con los partidos políticos y las firmas encuestadoras registradas para escuchar sugerencias al respecto.
Otros dirigentes políticos, como los delegados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y la presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, han expresado su respaldo a la decisión de la JCE, argumentando que la publicación de encuestas sobre posicionamiento electoral se ha convertido en una estrategia de marketing y que la ley no lo permite.
Los abogados también han defendido la decisión de la JCE, argumentando que se trata del ejercicio de una potestad reglamentaria reconocida en la Constitución y que la JCE ha agotado el procedimiento administrativo debido. "La decisión cumple con requisitos como la razonabilidad y la proporcionalidad, y no vulnera derechos fundamentales", explicó el abogado Manuel Fermín.
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