El caso fue examinado por un tribunal especial ad hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata, compuesto por los magistrados José Ramón Núñez, quien presidió el tribunal, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, designados para conocer el nuevo proceso ordenado en diciembre pasado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.
La progenitora de la menor, también imputada en el caso, fue sentenciada a cumplir 10 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago, tras quedar demostrada la acusación de explotación sexual comercial y lavado de activos presentada por la Fiscalía General.
Los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán, de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y la Fiscalía de Puerto Plata, respectivamente, destacaron que el tribunal valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía General.
"Veníamos advirtiendo desde el inicio que las pruebas presentadas por la Fiscalía General eran claras, convincentes y plenamente vinculantes. Las defensas, lejos de desvirtuarlas, se limitaron a construir un argumento teatral con el único propósito de intentar confundir al tribunal", afirmó Cordero Jiménez.
"Decíamos desde el principio que la prueba habla por sí sola. La defensa no logró desmontar ni una sola evidencia; solo construyó un espectáculo para tratar de sembrar confusión ante el tribunal", enfatizó.
En el mismo sentido, el fiscal Martínez Montán dijo: "La Fiscalía General probó su acusación y la probó más allá de toda duda razonable, en el sentido de que la Fiscalía General está de acuerdo con el tribunal en base a que valoró los medios de prueba y entendió que la Fiscalía General tenía razón".
"La Fiscalía General siempre mantuvo que tenía pruebas para establecer los hechos y la participación de ambos imputados y así pasó", sostuvo.
Los fiscales indicaron que deben esperar la resolución íntegra para estudiarla y determinar si procederá a recurrirla.
La progenitora de la menor, también procesada en el caso, fue condenada, como solicitó la Fiscalía General, a 10 años de reclusión y al pago de una multa de 25 salarios mínimos por incurrir en explotación sexual comercial y lavado de activos. Además, se ordenó el decomiso de los bienes ocupados en el proceso, excepto el certificado financiero, que el tribunal ordenó que le fuera entregado a la menor de edad.
Asimismo, como solicitó el órgano acusador, el tribunal ordenó el decomiso de los siete bienes que les fueron incautados a la acusada, incluyendo un solar ubicado en Villa Montellano con una extensión superficial de 600 metros cuadrados, y un vehículo del año 2023, así como la suma de 68 mil 500 dólares americanos y 800 mil pesos dominicanos.
Tras el inicio del nuevo proceso, los fiscales procedieron a la reproducción de más de un centenar de pruebas documentales, periciales, audiovisuales e ilustrativas, así como materiales y testimoniales, entre ellos, varios peritos, con los que quedó demostrada la acusación de la Fiscalía General.
Sentencia anterior
Franco Aybar fue condenado en 2025 a dos años de reclusión con suspensión de la pena, estableciendo el tribunal, entre otros, que no se acercara a menores de edad con fines sexuales y en caso de incumplimiento de la medida ordenó que cumpliera la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata.
La Fiscalía General pidió en el nuevo proceso que se le aumentara la pena a cinco años de reclusión y que el procesado la cumpliera recluido en un centro penitenciario.
En tanto que la progenitora de la menor fue condenada a 10 años de reclusión en el CCR Rafey Mujeres, en Santiago, así como al pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos.
Con relación a la progenitora de la menor, se ordenó el decomiso de los siete bienes que les fueron incautados, incluyendo un solar ubicado en Villa Montellano con una extensión superficial de 600 metros cuadrados, un vehículo del año 2023, RD$2,100,000 que se encuentran depositados en el Banco Agrícola de la República Dominicana, sucursal Puerto Plata, así como la suma de 68 mil 500 dólares americanos y 800 mil pesos dominicanos.
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